Análisis sobre cómo la crisis en el Medio Oriente redefine los costos de producción y la seguridad alimentaria nacional.
Hay una geometría perversa en la historia de Venezuela: lo que nutre al Estado suele empobrecer al ciudadano. Esa ecuación, vieja como el primer pozo perforado en el lago de Maracaibo, vuelve a manifestarse con una claridad casi pedagógica ante la crisis desatada en el Estrecho de Ormuz desde finales de febrero de 2026, cuando la ofensiva aérea de Estados Unidos e Israel sobre Irán convirtió ese angosto corredor —3,7 kilómetros es el ancho combinado de los canales de navegación— en el cuello de botella de la economía mundial.
El mundo tiembla. Venezuela, extrañamente, sonríe. Y en esa sonrisa asimétrica reside el drama.
I. La yugular del comercio global
Por el Estrecho de Ormuz transita entre el 25 y el 30 por ciento del comercio marítimo mundial de petróleo y alrededor del 20 por ciento del comercio del gas. Clausurar esa vía no es bloquear una ruta: es aplicar un torniquete a la circulación económica del planeta. La magnitud del riesgo se comprende mejor al analizar el volumen de carga que transita por Ormuz, estimado en más de 20 millones de barriles diarios. Cuando ese flujo se interrumpe o se entorpece, los efectos no respetan geografías ni ideologías: se propagan, como toda inflación, con democrática crueldad.
Especialistas del sector advierten que el conflicto en Medio Oriente podría generar un impacto incluso mayor que el observado en 2022 tras la invasión rusa de Ucrania, especialmente si las restricciones al tránsito por el estrecho se prolongan durante más de dos semanas. La comparación no es menor: la guerra en Ucrania redibujó los mapas energéticos del mundo durante años. Una crisis de Ormuz sostenida podría ser su equivalente en el flanco sur del orden global.
II. La paradoja petrolera: el ingreso que no alimenta
Para Venezuela, exportadora de crudo y nación periférica al mismo tiempo, la crisis de Ormuz produce una paradoja que sería casi absurda si no fuera trágica. Según economistas consultados, los ingresos totales del país —petroleros y no petroleros— podrían situarse entre 25 mil millones y 37 mil millones de dólares en 2026, lo que representaría hasta el triple de los niveles recientes. El economista José Toro Hardy ha señalado que históricamente lo que ocurre en Irán tiene impacto en Venezuela, y que cada vez que hubo un conflicto en Medio Oriente, el mundo volvió la mirada hacia el país.
El ingreso sube. Las arcas se llenan. Y sin embargo, la comida —ese indicador tan crudo y tan certero del bienestar venezolano— cuesta más cada semana.
La razón está en el otro lado de la ecuación, el que la narrativa predominante prefiere no enunciar: Venezuela no produce sus propios fertilizantes. Depende de importaciones provenientes del Golfo Pérsico. Depende de los mismos fletes que ahora se han disparado. Depende de la urea que viaja por las mismas rutas donde hoy navegan los conflictos.
III. El fertilizante como eslabón roto
Según estimaciones de la UNCTAD, un tercio del comercio marítimo global de fertilizantes —equivalente a cerca de 16 millones de toneladas— atraviesa el corredor de Ormuz cada año. La interrupción o reducción del tránsito marítimo en esta zona podría afectar el flujo de estos productos hacia distintos mercados, con posibles consecuencias sobre la producción agrícola, los costos de los alimentos y la seguridad alimentaria en diversas regiones.
El gas fósil representa entre el 60 y el 80 por ciento del costo de producción de fertilizantes nitrogenados. Recientemente, Qatar cerró su mayor instalación de gas tras un ataque con drones, lo que podría impactar aún más el suministro de nitrógeno en el mercado. Los precios de la urea —insumo de referencia para la siembra de maíz, arroz y otros cultivos básicos— podrían registrar incrementos significativos conforme se prolongue el conflicto, según las proyecciones de los mercados de insumos.
El resultado en Venezuela es doble: mayor costo de siembra para el productor local, y mayor costo de importación para los alimentos procesados que el país no es capaz de producir en suficiente cantidad. La harina de maíz, el arroz blanco y el aceite vegetal —la trinidad cotidiana de la dieta venezolana— podrían registrar variaciones significativas en el precio al consumidor final. El trigo importado, convertido en pan y pasta, acusaría el impacto de los fletes. El campo, que debería ser el amortiguador de la crisis, carece de los insumos para cumplir ese rol.
IV. La soberanía alimentaria como ficción política
Se evidencia así una asimetría compleja: mientras se busca la seguridad alimentaria, la dependencia de factores externos de la agroindustria limita la capacidad de respuesta ante choques geopolíticos fuera de nuestro control.
La mitad de la producción mundial de alimentos depende del nitrógeno sintético. Si el suministro de fertilizantes se reduce, los agricultores podrían aplicar menos insumos a los cultivos, lo que normalmente se traduce en menores rendimientos agrícolas. Venezuela no es excepción a esta regla, pero sí es un caso agravado: su dependencia de las importaciones para insumos agrícolas la hace doblemente vulnerable. Primero, porque compra fertilizantes en los mismos mercados que hoy están bajo presión. Segundo, porque carece de reservas estratégicas de insumos que funcionen como colchón ante shocks externos.
Esta crisis demuestra que la cercanía geográfica al conflicto no es necesaria para sufrir sus consecuencias económicas más graves. La interdependencia comercial hace que cualquier interrupción en el Golfo Pérsico se traduzca en un alza de precios en ciudades como Lima o Bogotá. Y también en Caracas, en Maracaibo, en Barquisimeto, donde el kilo de harina de maíz mide con mayor precisión que cualquier índice la distancia entre la renta petrolera y la vida cotidiana.
V. El círculo que no cierra
Venezuela recibe más dólares por exportación, pero los absorbe en fletes más altos, seguros marítimos disparados —las primas para buques que atraviesan la zona del conflicto podrían dispararse hasta el 50 por ciento del valor de reposición del barco y en la adquisición de fertilizantes que llegan a precios que el agricultor venezolano no puede costear.
El ingreso extra se licúa antes de llegar al surco.
Es la paradoja petrolera en su expresión más cruda: el país que más gana con el precio del crudo es, simultáneamente, uno de los que más sufre con el encarecimiento de los insumos que ese mismo conflicto genera. La coexistencia de la renta petrolera y la inseguridad alimentaria representa un desafío estructural que exige una revisión profunda de la gestión pública.
Los precios del crudo ya superan los 90 dólares por barril, los fletes de petroleros han aumentado más del 70 por ciento en dos semanas y las primas de seguro de riesgo de guerra se han cuadruplicado, añadiendo hasta un millón de dólares por viaje. En ese ecosistema de cifras, Venezuela ocupa el lugar más irónico posible: el del beneficiario que paga el precio de su propio beneficio.
VI. Lo que Ormuz revela
Las crisis geopolíticas son, entre otras cosas, instrumentos de diagnóstico. Revelan lo que la normalidad encubre. Lo que Ormuz revela sobre Venezuela no es nuevo, pero se vuelve imposible de ignorar: décadas de petro-Estado han edificado una economía que sabe extraer y exportar, pero que ha perdido la capacidad de sembrar, de procesar, de manufactura. La verdadera soberanía no reside en el discurso diplomático, sino en la capacidad técnica de un Estado para mantener sus servicios básicos funcionando mientras el resto del mundo se apaga.
Mientras el Estrecho de Ormuz permanezca clausurado o bajo amenaza, Venezuela contará sus petrodólares con una mano y verá encarecer su canasta alimentaria con la otra. Es la imagen más fiel de lo que somos como nación: ricos en lo que no comemos, pobres en lo que necesitamos.
Y en esa paradoja —vieja, obstinada, nuestra— reside la pregunta que ninguna visión de liderazgo ha querido responder con hechos: ¿cuándo será que la renta del subsuelo se convierte, al fin, en pan sobre la mesa?
Aldo Rojas Padilla.
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