Se habla con frecuencia de la crisis económica y de la urgencia de ajustar los ingresos de los trabajadores. Es un tema indispensable. Sin embargo, hay un silencio atronador sobre una herida mucho más profunda que impide el reencuentro de la sociedad venezolana: la discriminación laboral por motivos de pensamiento.
La reciente ley de amnistía es un paso, pero resulta incompleta si ignoramos a quienes han sido sistemáticamente excluidos de la administración pública. No me refiero a las cifras macroeconómicas, sino a los miles de ciudadanos —profesionales, técnicos, educadores, etc.— que fueron apartados de sus puestos por el simple hecho de no comulgar con la línea oficial, por una publicación en redes sociales o, peor aún, por no asistir a un acto político.
Una nación no se reconstruye solo con ajustes presupuestarios; se reconstruye con la restitución de la confianza.
Cuando una administración pública expulsa a su talento humano basándose en una lealtad política y no en la competencia profesional, quien pierde es el país. Hemos creado una cultura del miedo donde el trabajador público no sirve al Estado, sino que debe sobrevivir a él. Esta persecución laboral, que ha vaciado de capacidad técnica a nuestras instituciones, es el verdadero freno para cualquier intento de desarrollo.
Es hora de poner sobre la mesa la necesidad de este Rescate de la Dignidad y el Mérito Profesional.
Este concepto va más allá de un beneficio legal; es un imperativo ético. Significa reconocer que el derecho al trabajo es inalienable y que el pensamiento político no puede ser causa de despido ni de acoso. Una restitución real implicaría la revisión de las desvinculaciones arbitrarias, la reincorporación de quienes fueron injustamente separados de sus funciones y, sobre todo, el compromiso de que nunca más el carnet político sea un requisito para ejercer una profesión.
Si aspiramos a un país donde la meritocracia y el respeto sean los ejes, debemos empezar por sanar el ámbito laboral. Un país donde el ciudadano teme expresar una opinión en sus estados de WhatsApp o por no asistir a una marcha, es un país que vive en suspenso.
El desarrollo requiere de todos. Recuperar el tejido institucional pasa por entender que el trabajador público merece, ante todo, la tranquilidad de saber que su puesto depende de su esfuerzo y de su capacidad, y no de su sumisión. Sin esta paz laboral, cualquier aumento de salario será apenas un analgésico temporal para una enfermedad que requiere una cura estructural.
Aldo Rojas Padilla.
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